El Concejo Deliberante aprobó una resolución para que el intendente Gómez frene de inmediato la obra de la terminal

Continúa el debate en Potrero de los Funes por el desmonte que provocó la obra para la nueva terminal de ómnibus que tendrá la localidad. El malestar y preocupación de los vecinos volvió al Concejo Deliberante, donde fue uno de los principales temas que se abordó durante este miércoles.

En la sesión, el bloque Unidos por San Luis presentó un proyecto de resolución para la paralización de las tareas que están realizándose en inmediaciones a la oficina de Turismo, y que ya provocó la tala de 48 pinares por parte de una empresa contratada por el Gobierno provincial.

La propuesta fue impulsada por el concejal Ignacio Olagaray, quien se encargó de exponer los fundamentos. Entre estos se encontraba el pedido de informe que habían realizado y no fue respondido por la gestión de Damián Gómez y los reclamos que realizaron habitantes de la villa el viernes pasado.

La iniciativa fue tratada sobre tablas y fue aprobada por unanimidad, luego de un debate que abarcó gran parte de la sesión.

El edil calificó como una “barbaridad” lo que “se está cometiendo con esta obra que es inconsulta y además no ha cumplido con ninguna de las formalidades propias de una, sea pública o privada”.

Consideró que es más complejo que se hayan omitido ciertos pasos cuando se trata de una construcción pública, que contará con fondos de la Nación y fue autorizada por la Municipalidad.

“Es muy grave y entendemos que a pesar haberle solicitado un pedido de informe advirtiendo sobre esto, el Ejecutivo no lo contestó”, indicó.

El proyecto tuvo en cuenta que “no existiría plano de dicha obra, que no hay estudio de impacto ambiental realizado” y que “es función indelegable del Ejecutivo municipal velar por el cuidado y la conservación del bien público”.

En este escenario, pidieron a la intendencia que “proceda a la inmediata paralización de la obra de la terminal de ómnibus” hasta que se presenten “en debida forma los estudios de impacto ambiental y los permisos correspondientes” para la concreción.

Además, requirieron en el corto plazo que se convoque a audiencias públicas a fin de “garantizar el derecho constitucional de los habitantes a gozar de un ambiente sano”.

“Está claro que acá no hay una cuestión de oposición a una obra pública”, resaltó Olagaray y planteó que surgen dos cuestiones. La primera de ellas es “el criterio con que se elije el lugar y el otro tiene que ver con el transporte público”.

Sobre esto último advirtió el Gobierno provincial quiere “presuntamente atender una problemática” cuando en realidad es otra.

“Lo sufren todos los vecinos que usan el transporte, primero por las frecuencias que se han achicado, porque ya no se entra a varios sectores y cada vez es más caro”, explicó.

La concejal Paola Zamora coincidió con su par y apuntó a que “no porque sea el Gobierno de la Provincia tiene que haber alguna excepción en cuanto a la realización de las obras”.

“No han tenido en cuenta el impacto ambiental que están generando. Ya ha sido gravemente agredido el paisaje con la realización del Circuito Internacional”, continuó.

Y en consonancia pidió “terminar con esta manera de hacer las cosas”. “¿Defendemos el medio ambiente o no? ¿velamos por la seguridad y bienestar del pueblo o no? Que se pongan de acuerdo. La gente nos pide respuesta”, aseveró.

La presidenta del cuerpo, Guadalupe Arrascaeta opinó que “se puede crear la obra, pero obviamente volver a plantar todos los árboles que han cortado o duplicarlos”.

“Pueden ser los mismos o autóctonos. No sabía donde iba a ser la construcción de la obra por eso también se solicitó el informe. No estaba al tanto de todo lo que se venía a realizar”, dijo.

Olagaray concluyó que “los pinos ya murieron” y “hay que defender el patrimonio” porque “es ese el sentido de decirle al Ejecutivo que pare la obra”.